Política de Seguridad Pública

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La electricidad es una de las formas de energía más utilizadas, casi todas nuestras actividades están vinculadas con su uso, pero todo lo que ofrece grandes virtudes también esconde inconvenientes.

Hoy en día se presentan riesgos de accidentes eléctricos para las personas, bienes y animales domésticos como consecuencia de una infraestructura inadecuada en las viviendas, conexiones en mal estado, alambres eléctricos sin protección, utilización inapropiada de los cables eléctricos, fallas técnicas y humanas, falta de prevención, exceso de confianza, imprudencia e ignorancia.

De acuerdo a informaciones oficiosas, se produjo un promedio que sobrepasa los 90 fallecimientos por accidentes eléctricos en los últimos diez años, por otra parte, no se deben olvidar los grandes siniestros ocurridos en las subestaciones en los últimos tiempos; por eso, es imprescindible que la ANDE establezca una Política de Seguridad Pública con un Sistema de Seguridad Pública, destinado a mejorar la calidad de sus servicios y sus acciones en dicha materia.

Existe la necesidad de brindar a la comunidad la prestación de los servicios públicos no sólo en condiciones de calidad y confiabilidad, sino de manera segura para propios y terceros. La construcción de las instalaciones eléctricas en la vía pública debería garantizar la seguridad pública con el propósito de evitar situaciones peligrosas que atenten contra la integridad de la comunidad.

Actualmente se tienen varios conflictos por construcciones de obras inherentes al suministro eléctrico. Estos conflictos se producen porque la ANDE no tiene una Política de Seguridad Pública tal como se estipula (o se incorporaba) en el Anteproyecto de Ley de Seguridad Eléctrica presentado en la Cámara de Diputados en el 2011 y que no fue tratado debido a que se dio prioridad al “desprolijo” Proyecto de Ley “De Aseguramiento de la Calidad de …”. Esta Política de Seguridad Pública podría ser aprobada por Decreto del Poder Ejecutivo así como lo fue la “Norma que fija los Límites Máximos Permisibles (LMP) para la Exposición de las Personas a las Radiaciones no Ionizantes (RNI)”, para que pueda ser implementada.

En Política de Seguridad Pública se deberían implementar procesos preestablecidos, auditables, que permitan la trazabilidad de los hechos, incorporando técnicas de análisis estadísticos y de riesgos, a fin de obtener una mejora aplicada al cumplimiento de su obligación de instalar, operar y mantener sus instalaciones eléctricas de modo tal que no afecte la seguridad pública.

La seguridad al interior del sistema eléctrico atiende dos aspectos fundamentales. Por un lado se debe observar hacia el sistema eléctrico en su conjunto, para que sus instalaciones se diseñen, construyan, operen y mantengan conforme a normas que protejan del riesgo eléctrico a la salud y los bienes de la población, y por el otro, debe incluir a las personas que deben operar dichas instalaciones como así también a las que hacen uso del equipamiento de conversión de la energía eléctrica.

Por lo tanto, la exposición al riesgo debe ser tratada con coherencia normativa en todos los segmentos del sistema eléctrico, ya que si algún eslabón está desadaptado se inutiliza todo el esfuerzo aplicado al resto de la cadena.

Para que los resultados de la aplicación de la Política de Seguridad Pública sean efectivos, se deberían coordinar y compatibilizar los procesos que lo componen, a través de una consistente definición de responsabilidades, autoridades, procedimientos y recursos destinados a otorgar al Sistema el grado de confiabilidad exigido. Asimismo resulta necesario que los procesos estén definidos y los procedimientos documentados, de manera a permitir el control respectivo y la verificación de los resultados.

Además, la evaluación de la Política de Seguridad Pública se debería instrumentar, a través de auditorías, que proporcionen las evidencias objetivas que permitan su adecuación y desarrollo, conforme a las metas y fines buscados.

Sería pertinente que la ANDE elabore en el menor tiempo posible, un Manual de su Sistema de Seguridad, conteniendo como mínimo la Política de Seguridad, los deberes y responsabilidades inherentes, la descripción y los elementos constitutivos del Sistema de Seguridad Pública, que permita proteger al público en general como así también a sus propios funcionarios.